Conflictos entre socios.El divorcio mercantil

Sabido es que la naturaleza humana es siempre conflictiva.

De pequeños siempre nos han tratado de inculcar que es bueno compartir, que aunando esfuerzos  y sumando en equipo podemos llegar a cotas más altas de las que alcanzaríamos por sí solos. De mayores ya lo tenemos interiorizado y sabemos que sí, que es cierto, pero no lo es menos que en ocasiones compartir se antoja difícil.

Si de la esfera personal o familiar se trata las disputas o una ruptura pueden llegar a ser traumáticas.

En la esfera profesional, a los problemas de trabajo también pueden unirse los personales, y los conflictos, aunque en principio no tan dañinos, también dejan huella, sobre todo en el bolsillo.

Aunque referidas principalmente a sociedades mercantiles, algunas reflexiones valen también para miembros de una sociedad civil, Scp o Cb principalmente, o cualquier otra fórmula de colaboración empresarial.

La inobservancia de la ley o el incumplimiento de las formalidades

Las leyes imponen obligaciones en la forma de llevanza de la administración de una sociedad, en las formalidades que han de cumplir las juntas cuando se reúnen los socios, en las formalidades que han de cumplirse para adoptar acuerdos, en los libros oficiales que hay que presentar y llevar al día, en los documentos que presentamos al notario cuando firmamos una escritura, etc.

 Mas a pesar de todas estas obligaciones pocas son las sociedades que cumplen formal y escrupulosamente las mismas, y ello a pesar de estar guiados o asesorados por profesionales,  en ocasiones muy buenos, pero si todo va bien y no hay conflictos entre los socios, los incumplimientos se ven como algo normal y plenamente aceptado, y si alguien insiste en cumplir con las formalidades no es más que un pesado.

Presente el conflicto, la observancia de las formalidades y el cumplimiento de la ley se erige en un principio de actuación básico para evitar llegar a los tribunales.

Procedimiento legal

La impugnación de acuerdos sociales es el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de la ley y salvar los intereses de la misma entidad mercantil o la de aquellos socios que se consideran perjudicados.

Comportamientos a evitar

El ostentar la mayoría de las acciones o participaciones de una entidad no da por sí solo el derecho a hacer lo que a uno se le antoje con “su sociedad”.

La fuerza de los hechos consumados también es un peligroso principio de conducta de  quien tiene la mayoría de votos.

El derecho de las minorías

El resto de socios minoritarios tienen también sus derechos.

Estos aparecen regulados en los artículos 93 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, entre otros:

  • el de participar en el reparto de las ganancias,
  • el de acudir a una ampliación de capital para no perder su cuota de participación en la sociedad,
  • el de asistir y votar en las juntas generales,
  • el de impugnar los acuerdos sociales,
  • y el de información.

Al margen de éstos, existen también otros derechos esparcidos por la ley que, cuanto menos, dan el derecho a incordiar, y que contribuyen a que la mayoría no establezca su voluntad de forma autoritaria sin obligación alguna. Para ello es imprescindible ostentar al menos un cinco por ciento (5 %) de participación en la sociedad.

Así el derecho a convocar a la junta general cuando los administradores se niegan a ello, el de solicitar la asistencia de notario a la junta a celebrar para que deje constancia en acta de los acuerdos alcanzados, y a señalar especialmente,  la posibilidad de solicitar el nombramiento de un auditor de cuentas para que revise las cuentas anuales, en aquellas sociedades que no se encuentran obligadas a auditar sus cuentas.

La fuerza de este último derecho consiste en, al margen de obtener el informe de un experto independiente de la veracidad de las cuentas presentadas por los administradores, también en el gasto que se genera a cargo de la sociedad puesto que la obligada al pago es ella.

Conclusión

Como hemos podido ver la observancia de las formalidades legales ha de ser un principio rector de la conducta de los administradores, con ello, llegado el caso de que surjan conflictos entre socios, evitarán que tengan que ser dirimidos en vía judicial, con la paralización y los obstáculos que generan en la buena marcha de la sociedad. Al final todo ello se traduce en un enorme coste económico que puede provocar el cese de la actividad empresarial.

Consejo

Para finalizar, y pese a lo que algunos puedan pensar, existe un dicho entre abogados que dice “más vale un mal acuerdo que un buen pleito”.

El acuerdo acaba aquí, y las consecuencias ya las sabemos; el pleito se puede eternizar, y las consecuencias pueden ser imprevisibles.

¿Os parece más acertado llegar a un acuerdo, siempre económico,  antes que llegar a los tribunales?

 


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