Revisión de actos administrativos de gestión tributaria de órganos locales

En el ámbito tributario, si le preguntáramos a cualquier abogado fiscalista o a cualquier asesor fiscal la forma de recurrir un acto administrativo dictado por la Agencia Tributaria a buen seguro que la mayoría podría decirnos que lo procedente es interponer un recurso de reposición o bien una reclamación económico-administrativa.

Pero, y aquí viene la razón de ser de este artículo ¿y si hemos de recurrir un acto de gestión tributaria de un ayuntamiento?

En este punto nos interesaremos por el plazo de resolución de los distintos procedimientos, en orden a tenerlo presente, por si posteriormente y una vez agotada la vía administrativa, fuera preciso acudir a la vía contencioso-administrativa.

Y vaya por delante que me refiero al procedimiento de revisión.

Otra cosa sería, cito como ejemplo, que quiera rectificar una autoliquidación de una plusvalía municipal (IIVTNU) presentada hace ya tiempo, en cuyo caso y siempre dentro del plazo de prescripción, debería iniciar un procedimiento de rectificación de autoliquidación, que dispone de un plazo de resolución de seis meses. Éste sería el acto que, de no estar conforme, podría recurrir.
Si por el contrario la autoliquidación fuera actual, dispondría del plazo de un mes para recurrirla.

Fuentes normativas

Para resolver la cuestión debemos acudir a las fuentes normativas en el ámbito local. Las encontramos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La primera norma establece que contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales se formulará el recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Y esta última, por remisión, en su artículo 14.2 establece:” Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos … de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición que a continuación se regula.” Y si avanzamos un poco más y nos interesamos por el plazo de resolución del recurso, el propio artículo 14.2, en su apartado l) establece: “Resolución del recurso.-El recurso será resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación”.

Hasta aquí nada nuevo, ¿verdad? hablamos igualmente del recurso de reposición, ¿dónde está entonces la diferencia?

dudas

Si volvemos al artículo 108 de la Ley de Bases, al establecer el recurso de reposición como el aplicable, en su parte final dice: “..Dicho recurso tendrá carácter potestativo en los municipios a que se refiere el título X de esta ley.”

Por su parte el 14.2 del RD Legislativo 2/2004, en su párrafo a), y refiriéndose al recurso de reposición establece: “…Lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales; en tales casos, cuando los actos hayan sido dictados por una entidad local, el presente recurso de reposición será previo a la reclamación económico-administrativa.”

De la lectura de los dos anteriores apartados, el primero nos obliga a acudir al título X mencionado para ver la vía establecida con carácter preceptivo, y no potestativo, como vemos que es el recurso de reposición, para recurrir actos de gestión tributaria locales.

Y en el segundo caso, el estudio del 14.2.a) y del resto del RD Legislativo nos lleva a que, al margen de algún otro caso,  esos supuestos en que se establece la reclamación económico-administrativa como la vía a seguir son precisamente los regulados en el título X de la Ley 7/1985.

Título X, Régimen de organización de los municipios de gran población

Su primer artículo, el 121,  nos dice  cuándo es de aplicación el régimen.

Y el 137 establece: “1. Existirá un órgano especializado en las siguientes funciones:
a)    El conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, que sean de competencia municipal.”

El segundo apartado del mismo art.137 dictamina “2. La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra ella sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo.”

Finalmente, y por lo que aquí interesa, el apartado 5 nos dice, entre otras cosas, que el procedimiento de las reclamaciones se regulará por reglamento aprobado por el Pleno.

Y de todo ello se deduce que, en el supuesto de que el municipio tenga el estatuto de gran municipio, habrá que analizar en su normativa interna cómo ha regulado la revisión de sus propios actos de gestión tributaria, bien como reclamación económico-administrativa o bien por otro procedimiento.

Conclusión

Por tanto, y a modo de resumen, tenemos, como supuesto general u ordinario, el recurso de reposición como procedimiento a seguir de forma preceptiva, que agota la vía administrativa, y con un plazo de resolución de un mes. Y por otro lado un régimen especial reservado a los municipios de gran población, que regularán de forma individualizada su propia forma de agotar la vía administrativa.

Y aquí caben varias posibilidades, y pongo un ejemplo que me es cercano, de cómo dos municipios colindantes, ambos con estatuto de gran municipio, regulan de forma tan dispar la vía de revisión de sus actos, con las importantes consecuencias en cuanto al tiempo.

 Por un lado el ayuntamiento de Barcelona, regulando el recurso de alzada, muy similar al recurso de reposición, un mes para su resolución.

Y por otro lado el ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, que ha establecido como vía de revisión la reclamación económica-administrativa ante su propio órgano con un plazo de resolución de un año. Ahí queda todo dicho.

Espero haber sido de utilidad.